El gobernador destacó que toda autoridad debe actuar con apego a la legalidad y garantizar el bienestar de las personas.
La CDH Puebla refrendó su papel como puente entre ciudadanía e instituciones.
Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos constituye una obligación fundamental de toda autoridad y un principio indispensable para la vida democrática, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al señalar que su administración asume su responsabilidad constitucional de respetar, proteger y garantizar las libertades y derechos de las personas, conforme al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al encabezar la develación de la placa conmemorativa por el 33 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP), enfatizó: “Estamos convencidos de que un gobierno democrático cumple con sus obligaciones a partir del ejercicio de los derechos, un gobierno tirano, dictatorial violenta los derechos”.
Señaló que para evitar que este mandato constitucional quede como letra muerta, es una exigencia que las instituciones conduzcan sus actos con apego a la legalidad. En este sentido, destacó que el Plan Estatal de Desarrollo, con horizonte al 2030, contempla la construcción de un Estado moderno, donde las personas ejerzan de manera plena sus derechos y encuentren condiciones para su desarrollo.
El gobernador explicó que la administración estatal plantea tres ejes para cumplir esta responsabilidad, en coordinación con los poderes Legislativo y Judicial, así como con los organismos autónomos: seguridad, justicia y riqueza comunitaria, para generar oportunidades y una distribución más equitativa de los beneficios del desarrollo; así como una visión de inclusión social que coloque a las personas en el centro de las políticas públicas.
Destacó que la Bioética Social, como directriz del Plan Estatal de Desarrollo, recoge y traduce la visión del Humanismo Mexicano que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, consideró que las recomendaciones de los organismos de derechos humanos representan oportunidades para corregir, mejorar y fortalecer el desempeño institucional.
En su intervención, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, señaló que este organismo coloca a las personas en el centro de sus decisiones y representa un puente entre la ciudadanía y el Estado, ante una relación que durante años estuvo marcada por condiciones de desigualdad. “El poder público existe para servir a las personas, no para estar encima de ellas (…) Su verdadera misión es contribuir a una sociedad donde el respeto a la dignidad humana sea una práctica cotidiana”, expresó.
Recordó que en 1990 surgió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, posteriormente, los organismos públicos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas. En Puebla, la Comisión estatal inició funciones el 6 de septiembre de 1993, por lo que este año conmemora 33 años de servicio a la sociedad.
La titular de la Comisión sostuvo que una institución de derechos humanos no se construye solo con leyes, oficinas o documentos, sino con personas que escuchan, acompañan, investigan y atienden a quienes requieren protección. Por ello, llamó a las autoridades a entender las recomendaciones como instrumentos para corregir prácticas, mejorar procesos y fortalecer al propio Estado.
