José Manuel Trinidad Corona
Dueños de negocios denuncian una práctica sistemática de aseguramientos irregulares por parte de la Fiscalía, que derivan en extorsiones económicas para recuperar sus propiedades.
Una red de prácticas irregulares, llevadas a cabo presuntamente por elementos de la Fiscalía y la Policía Ministerial, ha sido denunciada por ciudadanos afectados, quienes acusan a las autoridades de convertir los cateos y aseguramientos de inmuebles en un lucrativo negocio.
Según testimonios y documentación en poder de este medio, se realizan cateos con supuestos fines de investigación que, en realidad, simulan actos de venta o transacciones sospechosas, sin especificaciones claras de tiempo ni sustento legal. En varios casos, los hechos imputados carecen de precisión, repitiendo versiones distintas en diversos puntos geográficos sin pruebas contundentes.
Una vez asegurados los inmuebles, comienza el verdadero propósito de estas acciones: la presión económica. Policías ministeriales actúan como intermediarios entre los afectados y los agentes del Ministerio Público, exigiendo pagos a cambio de acelerar la entrega del bien incautado. Quienes no acceden a pagar son sometidos a trámites prolongados, requisitos sin fundamento legal y obstáculos burocráticos diseñados para desesperar.
«Lo que menos les interesa es investigar delitos. Lo que buscan es que pagues para que te devuelvan tu propiedad», afirma uno de los denunciantes, cuyo negocio fue asegurado sin notificación clara ni orden judicial visible. «Son ellos quienes te buscan después para arreglar, como si fueran gestores o abogados particulares».
Este modus operandi, según diversas fuentes, se repite en múltiples municipios y apunta a un esquema organizado que implica colusión entre cuerpos policiales y funcionarios ministeriales. Se trataría de una «buena práctica» institucionalizada que genera ganancias bajo la sombra del abuso de poder.
