Por José Manuel Trinidad Corona
Las empresas propiedad de Noé Peñaloza Hernández, exalcalde de San Martín Texmelucan, han estado involucradas en al menos seis muertes desde 2021. Las víctimas, en su mayoría trabajadores del sector de la construcción e industrial, han perdido la vida en condiciones que apuntan a graves omisiones en materia de seguridad laboral, operación sin permisos y presunta negligencia empresarial.
El 24 de marzo de 2021 marcó el inicio de una serie de tragedias relacionadas con las compañías de Peñaloza. Ese día, una parte de la estructura de la Plaza Santa Julia, ubicada en pleno Centro Histórico de Texmelucan, colapsó durante su construcción. La obra, propiedad del exalcalde, fue clausurada después del accidente.
Los escombros sepultaron a tres albañiles que trabajaban en el lugar. Sus cuerpos fueron recuperados tras más de 80 horas de labores de rescate. Las autoridades detuvieron al arquitecto responsable de la obra, pero las familias denunciaron que no hubo indemnización adecuada ni asistencia legal por parte de la empresa. Además, revelaron que los trabajadores no estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Fue una muerte evitable. No estaban protegidos. No tenían seguro. Y a la empresa no le importó”, declaró una familiar de una de las víctimas en entrevista con medios de comunicación.
Otro foco de riesgo se encuentra en Cerámica Santa Julia, una fábrica de loza ubicada en el municipio de Huejotzingo, también propiedad del exalcalde.
El primer incidente registrado en esta planta ocurrió el 25 de mayo de 2021, cuando un trabajador murió dentro de las instalaciones debido a una falla en el uso de maquinaria pesada. Según testimonios, uno de los trabajadores cayó desde la torre visible desde la autopista México-Puebla. A pesar de la gravedad del suceso, la empresa no emitió ningún comunicado público ni ofreció información a las autoridades. El caso fue silenciado, de acuerdo con denuncias de compañeros del fallecido.
La segunda muerte en esta fábrica ocurrió recientemente, el 19 de mayo de 2025. Un trabajador de mantenimiento fue atropellado por un vehículo de carga de más de 15 toneladas dentro de la planta. Aunque recibió auxilio, falleció antes de llegar al hospital. Este nuevo caso desató protestas internas. Empleados declararon que no existe un programa de Protección Civil en la empresa ni protocolos de emergencia activos. “Ni siquiera tenemos una salida de emergencia señalada”, denunció un operario bajo anonimato.
A estas tragedias se suman denuncias por contaminación ambiental. Vecinos de Santa Ana Xalmimilulco han reportado emisiones constantes de polvo y residuos químicos por parte de Cerámica Santa Julia, lo cual, aseguran, ha afectado la salud de niños y adultos mayores. Han solicitado, sin éxito, la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente.
Una constante en todos estos casos es la falta de documentación oficial, permisos vigentes y supervisión. Tanto en la obra colapsada como en la planta de Huejotzingo, se han señalado deficiencias graves en seguridad y operación. La fábrica ha operado durante más de 10 años en la ilegalidad, sin permisos de funcionamiento y sin brindar prestaciones de ley a sus colaboradores.
Empleados y familiares de las víctimas coinciden en que la empresa evade sistemáticamente su responsabilidad legal y social.
Incluso antes del colapso de la Plaza Santa Julia, en 2019, ya se había documentado otro caso alarmante: un guardia de seguridad fue asesinado dentro de las instalaciones de Cerámica Santa Julia. La empresa tampoco ofreció apoyo a su familia.
Noé Peñaloza ha sido presidente municipal de San Martín Texmelucan. En su faceta empresarial, ha construido una red de negocios en los sectores inmobiliario e industrial. Sin embargo, la operación de sus empresas ha estado marcada por la opacidad, la negligencia y los escándalos relacionados con muertes laborales. Durante la minigubernatura encabezada por Tony Gali Fayad, Cerámica Santa Julia fue asegurada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y clausurada. Sin embargo, días después volvió a operar sin contratiempos.
Pese a la gravedad de estos hechos, ninguna autoridad estatal ha informado públicamente sobre sanciones o investigaciones abiertas contra Peñaloza o sus compañías. Tampoco hay registros de clausuras definitivas ni auditorías laborales activas, a pesar de los múltiples señalamientos.
Finalmente, la noche del lunes 19 de mayo, familiares de diversas víctimas se solidarizaron para exigir el cierre definitivo de esta empresa, señalada por causar la muerte de varios habitantes de la comunidad. Hasta ahora, no hay justicia de por medio.
