Huejotzingo, Puebla.– En el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Huejotzingo, considerado el penal con la peor calificación del estado, un interno fue asesinado a golpes durante una riña presuntamente presenciada por custodios que no intervinieron.
La víctima, identificada como Carlos N., originario de San Martín Texmelucan, perdió la vida la mañana del 21 de abril dentro del dormitorio uno del penal. De acuerdo con testimonios recabados entre familiares de internos, cerca de 30 reclusos habrían participado en la agresión. Los atacantes, según relataron, regresaron tranquilamente a sus celdas tras la golpiza, sin que las autoridades del penal actuaran.
Aunque el hecho fue reportado a la Fiscalía General del Estado, hasta el cierre de esta edición, la Dirección General de los Ceresos y el Ayuntamiento de Huejotzingo —a cargo de Roberto Solís Valle— no habían emitido postura oficial.
Violencia normalizada y cobros ilegales
El asesinato se da en un contexto de graves irregularidades al interior del penal. Desde enero de este año, familiares de reos habían denunciado extorsiones sistemáticas por parte de custodios y mandos penitenciarios, quienes, a través de intermediarios internos, cobraban cuotas mensuales de entre 3 mil y 5 mil pesos bajo el pretexto de ofrecer “protección” para evitar golpizas.
Además, reportaron cobros de 100 pesos por cada visita, así como tarifas extras para utilizar mesas o espacios de convivencia, imponiendo una carga económica injustificada a las familias, muchas de ellas de escasos recursos.
Penal reprobado por derechos humanos
El Cereso de Huejotzingo figura como el peor evaluado del estado, con una calificación de apenas 3.66 en el último Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El reporte señala deficiencias graves en gobernabilidad, seguridad, atención médica, alimentación, actividades de reinserción social y condiciones de infraestructura, como hacinamiento extremo, ventilación inadecuada y falta de higiene.
En este contexto de abandono institucional, la violencia al interior del penal parece no ser un hecho aislado, sino un reflejo de la descomposición generalizada del sistema penitenciario municipal.
Opacidad y exigencia de justicia
Los familiares de Carlos N. exigen justicia y piden que se esclarezcan las circunstancias de su muerte, así como una investigación real sobre la presunta complicidad de custodios en los hechos violentos.
Hasta ahora, ni el gobierno municipal ni la administración penitenciaria han explicado cómo fue posible que un asesinato se perpetrara con tal grado de impunidad en uno de los espacios bajo su responsabilidad directa.
La falta de respuestas oficiales sólo alimenta la desconfianza hacia un sistema que, lejos de rehabilitar, expone a los internos a redes de abuso, corrupción y muerte.
