Las reformas impulsadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que pretenden restringir las concesiones en la industria minera son contrarias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió este miércoles el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el T-MEC y otros instrumentos comerciales, incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos”, expuso el principal órgano de representación del sector privado en un comunicado.
El CCE consideró que tanto la reforma minera como la de distintas leyes en materia administrativa sobre las contrataciones en el rubro de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, ambas en proceso legislativo en el Congreso, están vinculadas directamente con el desarrollo de México.
“Esta reforma va en sentido contrario a lo que se requiere para impulsar el mayor desarrollo de la industria minera y de la infraestructura pública, en perjuicio del país”, expuso.
Esta valoración se sustenta, aseguró el comunicado, en análisis jurídicos y técnicos de especialistas del organismo y de su experiencia en la minería, que representa el 2,5 % de la economía nacional, y la infraestructura.
Por su “intensa actividad en ambos temas” y “la relevancia de los mismos para el desarrollo del país y para la certeza de la inversión”, el CCE solicitó que se abra en el Congreso una discusión al respecto en el que esté incluido.
La reforma de la Ley Minera, presentada por López Obrador el pasado 28 de marzo, propone solo otorgar concesiones de minas mediante concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de acortar la duración de los permisos de los 50 años actuales a 15 con posibilidad de una sola prórroga.
“No hay ningún problema, es buscar que se cuiden los recursos naturales, que se cuide el futuro de las nuevas generaciones, no se trata de destruir el territorio, (sino de) cuidar el medio ambiente, pero de manera auténtica, no de forma simulada”, argumentó el mandatario en su rueda de prensa diaria de este miércoles.
Los riesgos que el presidente niega han sido señalados no solo por la CCE, sino también por la Cámara Minera de México (Camimex), que argumentó que la reforma afectaría a un sector que invierte más de 4,000 millones de dólares al año con 406,000 empleos directos.
“Si se aprueban como están propuestos, los cambios serán negativos a nivel crediticio para el sector minero, lo que incrementaría la carga regulatoria de los productores y elevaría el riesgo de la terminación temprana de sus actuales concesiones”, expuso por su parte un reporte de la agencia Moody’s Investors Service.
