El pasado 29 de marzo, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, publicó una carta abierta dirigida a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Myriam Hernández, así como al fiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno.
En la misiva, el exmandatario asegura que dejó de ser un “perseguido político” y ahora sólo es un “botín político para un muy cuestionable interés político”.
Además, pide a la Fiscalía que explique por qué razón “olvida y omite investigar” a los funcionarios del gobierno de Javier Corral denunciados por supuestamente haber simulado pruebas y falsear sus declaraciones ante las autoridades para incriminarlo a él y a otros ex servidores públicos.
Cuestiona si se le otorga “ilegal inmunidad” al exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Velez, así como a la exdirectora jurídica, Abril Portillo de la Fuente, así como a otros exfuncionarios como el extitular de Función Pública y actualmente magistrado, Daniel Gregorio Morales Luevano, contra quienes presentó denuncias en marzo de 2022.
“¿De la nada desaparecieron entre otras, las carpetas de Investigación NUC 19-2022-00005838 y NUC 19-2019-0026821; ¿necesitan más nombres, más números de carpetas de investigación o más denuncias?”, señala Duarte Jáquez.
Duarte, quien fue extraditado a México en febrero de 2022, tras haber sido detenido en Estados Unidos en 2020, se encuentra preso en Chihuahua por cargos de asociación delictuosa y peculado por más de 96 millones de pesos.
El pasado 7 de abril, Antonio Enrique Tarín García, quien fuera operador financiero Duarte, se suicidó presuntamente al arrojarse de un puente vehicular en la capital chihuahuense. Así l odio a conocer la Fiscalía General de Justicia del estado, que informó que inició una carpeta de investigación sobre lo ocurrido.
Refirió que de acuerdo con los primeros reportes Tarín García llegó en su vehículo particular hasta el puente ubicado en la avenida Homero y Periférico de La Juventud, ahí descendió, se dirigió al puente y se lanzó.
El Fiscal de Distrito de la Zona Centro de Chihuahua, Francisco Martínez Valle, destacó que al momento de los hechos, el exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua llevaba puesto un brazalete electrónico que le fue colocado como medida cautelar para llevar su proceso en libertad.
A finales de marzo, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una sanción de 97 millones de pesos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por beneficiarse de recursos multimillonarios del gobierno de Chihuahua, en esquema ligado con ‘la nómina secreta de César Duarte’.
Testimonios y pruebas reunidos en la investigación comprueban que en 2015 el entonces gobernador, César Duarte, ordenó a la Secretaría de Hacienda estatal desviar mensualmente 5 millones de pesos: tres millones para entregarlos en efectivo al PRI y dos millones para realizar pagos fijos a diversos personajes.
Mediante este esquema el partido recibió 39 millones 166 mil pesos, que se utilizaron para pago de personal, gastos ordinarios y apoyos para deportistas y otros ciudadanos.
Esta es la carta íntegra dada a conocer por Juan Carlos Mendoza Luján, abogado del exgobernador:
LIC. MAGISTRADA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
LIC. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Existe perfecta claridad en el día que empezó mi nombre, mi historia y mi patrimonio a ser destruidos para darle a Chihuahua una supuesta Justicia ofrecida por un quinquenio maldito; sin embargo, no hay claridad respecto de cuándo terminará la protección que las instituciones del Estado parecieran brindar con impunidad y sin justicia, contra quienes usan el poder sólo en favor de sí mismos.
¿En qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó que en ningún caso una persona puede estar privada de su libertad sin una sentencia condenatoria por más de dos años? ¿en qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó que los actos procesales tienen plazos y términos de carácter no discrecional sino obligatorios y que deben cumplirse? ¿en qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó la Soberanía que la Constitución le confiere a su poder?
Alguien del Poder Judicial del Estado le puede explicar a la sociedad el por qué de la manera más absurda y contraria a derecho, niegan solicitudes legalmente fundadas y resuelven en contra de manera automática con la única finalidad de que los Juzgados Federales resuelvan, dilatando con ello resoluciones y utilizando al Poder Judicial de la Federación, así como pervirtiendo su finalidad; esto además de transformar el juicio de amparo de un medio de control constitucional… en un medio para que resuelva un Juzgado Federal lo que un Poder Judicial del Estado dolosamente no resuelve; generando con ello, una enorme desconfianza en la sociedad ante la administración de una “Justicia” selectiva que hicieron una clara e identificada cantidad de Jueces de Consigna quienes cometieron atroces atropellos (como el caso de José Lázaro Joaquín López q.e.p.d.) y que gozaron y siguen gozando de total impunidad.
A casi tres años de estar privado de mi libertad y de mi patrimonio, dejé de ser un perseguido político y sólo soy un botín político para un muy cuestionable interés político.
Desafortunadamente el olvido no es exclusivo del poder judicial; ya que ¿en qué momento la Fiscalía del Estado olvidó que sus actuaciones también están todas ellas sujetas a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a los Tratados Internacionales? ¿Cómo fue que olvidó que los bienes asegurados y embargados tendrán en su momento que ser devueltos tal como fueron asegurados y embargados junto con los productos de los mismos? ¿Cómo es que olvidó que dicha responsabilidad no es ya responsabilidad de la perversa administración estatal anterior?
Hace más de dos mil 150 días que inició institucionalmente bajo el amparo de una “debida investigación” y una probable “reparación de un daño” el aseguramiento y embargo de mis bienes, de los de mi familia y hasta de mis amigos por el sólo hecho de ser mi familia y mis amigos. Dichos bienes, fueron objeto ya de un juicio de extinción de dominio bajo el número de Expediente 74/21, juicio que se concluyó conforme a derecho al demostrar que dichos bienes habían sido adquiridos antes de haber sido gobernador; sin embargo, horas después, de manera absurdamente arbitraria e ilegal me volvieron a privar de ellos en complicidad jueces y ministerios públicos. Desde la primera vez que fueron asegurados y hasta la fecha, prácticamente toda autoridad y servidor público que entra en contacto con ellos, han cometido el delito de daños, o robo o despojo, todos estos delitos cometidos en mi contra por funcionarios públicos y cuyas instituciones a las que pertenecen parecieran que ignoran quienes en su carácter de depositarios y administradores son los responsables de denunciar y perseguir tales delitos, o ¿están esperando a que sea yo mismo quien los denuncie, cuando en este momento la responsabilidad legal es de ellos?
¿Podrá alguna vez explicar la fiscalía cómo y por qué omite y no investiga a todo su personal que destruyó y robó, o permitió que destruyeran y robaran mis bienes que están bajo su responsabilidad y resguardo?
¿Puede explicar la fiscalía por qué olvida y omite investigar a los funcionarios de la administración anterior quienes se encuentran debidamente denunciados porque simularon pruebas y falsearon sus declaraciones ante las autoridades para incriminarme a mí y a otros ex servidores públicos?, o acaso ¿le siguen otorgando ilegal inmunidad entre muchos otros a ARTURO FUENTES VELEZ, ABRIL PORTILLO DE LA FUENTE, JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO, SILVIA MADRID BUSTILLOS, GREGORIO DANIEL MORALES LUÉVANO? ¿De la nada desaparecieron entre otras, las carpetas de Investigación NUC 19-2022-00005838 y NUC 19-2019-0026821; ¿necesitan más nombres, más números de carpetas de investigación o más denuncias?
¿En qué momento la historia parece olvidar que siendo mi predecesor considerado como el gobernador más mentiroso de la historia del Estado, de todos sus innumerables embustes, lo dicho sobre mí, es lo único que fue verdad? y por ello, el derroche inútil de recursos en su operación justicia, la tortura ordenada y consentida, las faltas graves de ministerios públicos y demás funcionarios parecen ser que merecieran por esta administración y por la historia la indolencia de un justificado olvido.
¿Cómo es posible que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pueda reconocer violaciones a los derechos humanos en ocho meses en un caso altísimamente similar al mío y en el mío hayan pasado ya veintiún meses y aun no haber presentado la recomendación conducente dejando mis Derechos Humanos completamente en el olvido?
De la manera más respetuosa, les digo a quienes hayan tenido interés en leer estas líneas que no busco indulto alguno; toda vez que un juicio justo y apegado a la Ley les dará la seguridad de que lo que de mí se dijo solo fue un gran teatro para una persecución política que en principio solo benefició a un ser inhumano y enfermo de sí mismo.
El pasado 25 de marzo cumplí mil días de haber sido privado de mi libertad. aproximadamente mil 800 días antes, ya había sido privado, sin juicio ni proceso penal alguno, de mi honor y reputación; pero más allá de ello, todos podremos coincidir en algo: “No hay historias eternas ni caminos sólo de ida; la Verdad Histórica es uno de ellos, un camino de dos carriles, muy estrecho, pero con ida y vuelta…”
¡Que el Cielo bendiga a Chihuahua!
CESAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ
