Por segunda ocasión se pospuso la reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para discutir y votar la reforma que busca limitar las atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La reunión estaba programada el lunes por la tarde tras ser aplazada la semana pasada. En la nueva convocatoria, el presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo citó a reunión el martes 11 de abril a las 9:30 horas.
El cambio en la agenda se generó luego del llamado de colectivos para rechazar la reforma, al señalar que irá en detrimento de los derechos político-electorales alcanzados, como las acciones afirmativas, es decir, la representación de grupos minoritarios en candidaturas y en los órganos de los partidos.
La magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Janine Otálora, advirtió que en San Lázaro “está por discutirse el tipo de democracia que queremos para nuestro país”.
A través de un hilo de Twitter, afirmó que “existe el riesgo de un régimen que disminuya los espacios de toma de decisión que han sido conquistados por las personas que históricamente han sido excluidas de la vida pública”.
“La división de poderes asegura que ningún órgano del Estado actúe sin que sus decisiones puedan ser revisadas. Esta distribución en el ejercicio del poder público sirve para que las voces que no encontraron una representación mayoritaria en las urnas, no pierdan la posibilidad de defender sus intereses a través del reclamo por sus derechos que son reconocidos constitucionalmente”, señaló.
¿En qué consiste la reforma?
Los diputados de PAN, PRI, PRD y Morena se unieron para impulsar un proyecto que busca reducir las facultades del TEPJF, el cual actualmente puede emitir sentencias a partir de interpretaciones de la Constitución, afectando las decisiones de los partidos sobre el registro de candidaturas, elección de dirigentes y representación legislativa.
La reforma constitucional, que será discutida en la Cámara de Diputados el día de hoy, pretende modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución. De ser aprobada, será remitida al Senado para que entre en vigor para el proceso electoral de 2024.
El documento plantea que el Tribunal Electoral emitiría sus sentencias limitándose a lo que se establezca literalmente en la Constitución y las leyes electorales, y no podrá interpretarlas. Asimismo, quedaría sin facultades para resolver casos de las Cámaras del Congreso, reportó Expansión Política.
“Los actos y demás determinaciones de las Cámaras en ejercicio de sus facultades exclusivas, las decisiones de sus órganos de gobierno y las que correspondan a sus regímenes interiores quedan excluidas de la jurisdicción del Tribunal”, se lee en el proyecto de dictamen.
Los partidos proponen agregar al artículo 99 que estas facultades serán de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de manera exclusiva.
Con información de Radio Centro
