A una semana del secuestro masivo de 23 personas en San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato aún no ha entrevistado a los socios de Grupo Eifel, empresa que ofreció el servicio de transporte a las víctimas.
Osvaldo González, accionista y director operativo de la compañía con sede en León, Guanajuato, explicó en entrevista para Aristegui en Vivo que fueron los empresarios quienes interpusieron la denuncia ante la Fiscalía de su entidad, y que cuentan con material probatorio que podría a ayudar a esclarecer el caso, sin embargo, ningún agente se ha acercado a ellos, ni siquiera para recabar su testimonio.
El empresario denunció que tampoco se han acercado a un chofer que sobrevivió el secuestro, aunque podría ser un testigo clave del caso.
Ahí están todas las pruebas necesarias para que las fiscalías, tanto la de Guanajuato como la de San Luis Potosí trabajen con coordinación y para que den con los verdaderos culpables.
En contraste, las autoridades judiciales han difundido información sobre cómo una de las posibles líneas de investigación apunta a Osvaldo González como presunto integrante de una red de traficantes de migrantes.
“Hubo detenidos que no anuncian quiénes son, pero ahora resulta que la persona que realiza la denuncia inicial es la principal que aparece en redes sociales como presunto sospechoso de trata de personas”, sostuvo González, y lamentó que “de ser una víctima pase a ser victimario”.
Para el empresario turístico, ni él ni la compañía que representa han sido reconocidas por presentar una denuncia que llevó a la localización de 86 personas que, de lo contrario, posiblemente seguirían en calidad de desaparecidas.
“Si no se pone esa denuncia, en este momento nadie supiera de esas personas. Son vidas humanas, sean nacionales o extranjeros migrantes, son seres humanos privados de su libertad”, recalcó González.
La ruta del secuestro
En entrevista, el socio de Grupo Eifel detalló que la persona que contrató el servicio de transporte desde Guanajuato hasta Coahuila fue debidamente identificado como residente del municipio guanajuatense de San Felipe, mientras que se verificó que los 20 pasajeros restantes residían en las comunidades de La Peña y La Quemada, de la misma demarcación.
“Cuando trasladamos a personas, sabemos que, si tienen una estancia ilegal, obviamente podemos meternos en problemas”, aclaró el empresario.
Osvaldo González detalló que el grupo partió de Guanajuato el lunes 3 de abril a bordo de dos unidades. Una transportaba a 15 pasajeros y otra a seis, por lo que sumando a los dos choferes, conforman el grupo de 23 personas.
De acuerdo con sus registros de geolocalización, el grupo mantuvo un trayecto normal, pero aproximadamente a las 3 de la madrugada del martes 4 de abril, al llegar al municipio de Matehuala, San Luis Potosí, salieron de su ruta y se dirigieron a un centro nocturno llamado Mezquit Rodeo, donde permanecieron por aproximadamente una hora.
Cuando el sistema le alertó de la anomalía en la ruta, González intentó contactar a los choferes de las camionetas vía mensajes de texto y llamadas telefónicas, pero no tuvo éxito, por lo que supone que, para ese momento, los choferes ya no tenían control de las unidades.
El empresario precisó que, de acuerdo con los registros de su sistema, las unidades pasaron por una caseta de cuota y después cargaron gasolina en una estación de Matehuala, por lo que exhortó a los investigadores a que revisen las cámaras de videovigilancia para determinar quién se encontraba al volante.
Las unidades fueron encontradas finalmente en un poblado que no puede identificar, al que llegaron conduciendo sobre la carretera 57. Fue ahí donde fueron rescatados los pasajeros que contrataron sus servicios, así como otras personas que sumaron un total de 86.
“Es una situación grave en la que (son responsables) nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno. Nos hace falta más seguridad en todos los aspectos nuestros tres niveles de gobierno deberían de llevar a cabo una mejor coordinación”, recalcó.
