El Pleno del Congreso del Estado avaló por unanimidad de votos el Dictamen para reformar el artículo 65 del Código Penal, con la finalidad de establecer que la inhabilitación para desempeñar empleos o cargos para funcionarios públicos que hayan cometido alguna irregularidad, se dará de acuerdo a la falta cometida.
En su intervención, el diputado Eduardo Castillo López señaló que la inhabilitación es un mecanismo idóneo para el combate a la corrupción, ya que se deja fuera del servicio público a aquellos individuos que han afectado los intereses de la colectividad.
“Lo que permite desarticular las redes de corrupción que pudiera existir dentro de la función pública, con la finalidad de sancionar estas acciones y recuperar la legalidad de las instituciones y dependencias gubernamentales, lo que también permite mejorar la relación gobierno-ciudadano”.
Con la inhabilitación se genera no sólo la pérdida del cargo de aquellos sobre los cuales recae la sanción, sino también la incapacidad para obtener los mismos u otros de igual categoría de ramo similar, por un plazo que se fijará en la sentencia que deberá ser acorde a la falta cometida.
Por otra parte, las y los diputados aprobaron por mayoría de votos el Acuerdo de la renuncia voluntaria e irrevocable del Ciudadano Héctor Sánchez Sánchez, al cargo de Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y de Humberto Arróniz Meza, al cargo de Magistrado Suplente.
De la misma manera, el Pleno del Congreso avaló el exhorto presentado por el diputado José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez a la Fiscalía General del Estado, para que proporcione el servicio de trámite para la expedición de la Constancia de No Antecedentes Penales a través de sus cuatro Fiscalías de Investigación Regional, o en su caso, establezca los mecanismos e instrumentos de coordinación y vinculación con los Centros Integrales de Servicios (CIS) del Estado.
Esto, con el objetivo de acercar y facilitar el trámite de esta constancia a la población.
